Posiblemente muchos arquitectos lamentan haberse quedado dormidos durante la clase de normativa territorial, o haberse quedado “trabajando para taller” en el ejercicio de tramitación de expedientes municipales, cuando se ven enfrentados a la primera firma en un proyecto real y a un cliente que supone que este profesional patrocinante que contrató para su proyecto, tiene perfecta claridad de la legislación vigente y la forma de obtener los permisos municipales para su construcción.
Esta tragicómica ignorancia, además de hacernos perder algunos clientes o dejarnos en vergüenza frente a los funcionarios municipales, se vuelve un problema sistémico asociado a la enseñanza de la arquitectura, que dificulta y aletarga las oportunidades de desarrollo rural, cuando productores o emprendedores locales, sin mayor conocimiento de los procesos administrativos llaman a un arquitecto con fé ciega en su competencia profesional, para que lo asesore en su pequeño emprendimiento turístico o su pequeña industria de productos locales.
Y es que cuando estudiamos arquitectura nos sumergimos en un mundo de sueños, conceptos e imágenes exquisitas, ejercitando por años la mano y la cabeza para desenvolvernos en un mundo real donde buena parte del trabajo y el servicio prestamos se llena de papelería técnica y burocracia donde tiene mínima relevancia la lucidez conceptual o armonía arquitectónica que tan bien aprendimos a desarrollar en la Escuela.
Es así como durante los primeros años de vida profesional, quienes optamos por el ejercicio independiente de la arquitectura, pasamos de rechazo en rechazo de carpetas municipales, corrigiendo observaciones que no teníamos idea que podían surgir, que para nuestra mala fortuna se asocian en su mayoría a planes reguladores desactualizados, legislaciones anquilosadas y un sistema burocrático indolente que no se toma la molestia de responder en poco tiempo o con empatía por tu entendible, pero no justificable ignorancia sobre el “Inciso 4° del Artículo N° 2.1.19 de la O.G.U.C” que te obliga a presentar en 6 copias tu proyecto al SAG o a quizás que oficina pública en la que, por supuesto, había que hacer cola para atenderte y pagar un impuesto que luego no sabes cómo cobrarle al cliente sin quedar como novato. ¿No lo sabía? Te pregunta el funcionario, pero si usted es arquitecto, ¿o no?.
Este periplo por las direcciones de obras municipales se vuelve casi un infierno de carpetas y documentos que no logramos entender del todo, cuando se trata de proyectos fuera del área urbana. Paradójico, si pensamos que fuera de la ciudad no hay plan regulador, ni conflictos de asoleamiento o consideraciones de seguridad asociadas a la aglomeración de edificaciones, a la que estamos acostumbrados en la ciudad.
Claro, si el proyecto es una casa de veraneo, es miel sobre hojuelas, ya que le puedes decir al sistema que estás proyectando la casa donde vivirá la persona que le dará uso agrícola al terreno, pasando rápidamente la tramitación municipal. Allá entre el bosque, la montaña o frente a ese mar imponente, ni se van a enterar que esa “vivienda para el productor agropecuario” nunca va a tener herramientas de cultivo en su interior.
Pero la realidad del campesino que quiere buscar mejores posibilidades de ingreso y además de producir verduras, poder venderlas a la orilla del camino en un negocito con patente, resolución sanitaria y todas las de la ley, es bastante distinta y para variar, bastante más desafortunada que el dueño de la parcela de agrado o el dueño de la industria procesadora de alimentos que cuenta con un séquito de ingenieros y arquitectos para sortear velozmente toda traba normativa.
Lo cierto, es que el campesino, que sin tener mayor idea de la normativa territorial y posiblemente sin mayor asesoramiento previo decide emprender un negocio en su predio rural, no sospecha que caerá en un infierno burocrático y que le llevará meses o incluso años obtener los permisos en por lo menos 3 ministerios, partiendo Ministerio de Agricultura que lo autorice a usar un trocito de su campo para fines comerciales, luego en el MINVU, luego en la Autoridad Sanitaria, incluso Vialidad si se les antoja (porque sí, a veces sólo se les antoja pedir permisos). Luego para cerrar el ciclo, deberá pasar al Municipio, donde ojalá no le exijan documentos con vigencia de 60 días, que claramente después de toda la vuelta ministerial, ya pasaron.
En Santiago, o en la Intendencia Regional, posiblemente responderán que la obtención de estas autorizaciones va en beneficio del bien común, la seguridad y el ordenamiento del territorio pero, ¿tienen idea acaso de lo absurdo que es exigir tal cantidad de papelería técnica a los pequeños emprendedores locales? Entre honorarios profesionales, impuestos, timbres y carpetas el trámite termina costando varios millones de pesos, lo que se vuelve un sinsentido cuando el proyecto no es más que un pequeño negocio, levantado con palos de madera y latas de zinc.
Tampoco se trata de disminuir el rol regulador del Estado y saltarnos los procedimientos administrativos que idealmente apuntan a mantener la buena convivencia y proteger el bien común cuando se transforman los territorios, pero se vuelve urgente tratar de simplificar estos procesos, coordinar a los distintos actores y por sobre todo, diseñar herramientas legales y administrativas que permitan una coherencia entre el impacto de cada proyecto y la exigencia normativa que se le hace por el Estado o los gobiernos locales, así como una descentralización de los trámites que eviten los viajes interminables de papeles y carpetas a las capitales regionales.
¿Cómo avanzamos? Respuestas hay muchas. Jornadas de coordinación, acuerdos entre Municipios, capacitaciones, fondos Corfo para emprendedores, servicios de asistencia técnica, y varios etcéteras cuya gestión y responsabilidad recae en gran medida en los arquitectos, tanto del lado que proyecta como del que revisa. Posiblemente, una de las medidas más efectivas y transversales es lograr que las Escuelas de Arquitectura bajen un poco a los chicos de la nube de los sueños y el proyecto de taller los aproximen a esta realidad que les guste o no, una vez titulados buena parte de ellos tendrán que enfrentar, entendiendo su rol no sólo como diseñadores de grandes obras de arquitectura, sino que también como gestores del territorio donde se desenvuelven. Por lo menos así, dejaremos de poner caras de póker cuando el cliente nos pregunte... y el trámite municipal, ¿es sencillo cierto?.
*Jorge Inostroza: Arquitecto de la Universidad de Chile. Desde el 2013 trabaja en el archipiélago Chiloé en proyectos de diseño arquitectónico, patrimonio y participación ciudadana, principalmente en el ámbito rural.
